Publicada el 22 de mayo de 2026 en Infobae
Mientras millones de personas esperan durante meses —o incluso años— una resolución judicial, en distintos países ya existen herramientas capaces de ordenar expedientes, resumir jurisprudencia y agilizar tareas administrativas en segundos. Bien utilizadas, pueden ayudar a reducir tiempos en tribunales sobrecargados.
Pero el debate de fondo no es tecnológico. Es institucional.
Durante los últimos meses, desde CIPPEC trabajamos en dos investigaciones sobre inteligencia artificial y sistema judicial argentino. A partir del análisis de experiencias internacionales y entrevistas con especialistas, el principal hallazgo fue claro: el problema no es conseguir una herramienta, sino saber quién la controla, cómo se audita, qué datos usa y qué pasa si se equivoca.
En algunos tribunales, estas herramientas ya se usan para buscar antecedentes jurisprudenciales, ordenar documentos o asistir en tareas repetitivas. En Reino Unido, el Poder Judicial desarrolló lineamientos para el uso de IA: toda herramienta debe operar bajo supervisión humana efectiva.
La advertencia no es menor: estos sistemas pueden inventar fallos, citas o normas con un tono convincente.
Brasil avanzó en una dirección similar: el Consejo Nacional de Justicia impulsó reglas para ordenar el uso de IA y prohibió aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.
Estos casos muestran algo importante: la innovación no empieza por el algoritmo, empieza por la gobernanza.
Porque la inteligencia artificial también introduce riesgos. Puede reproducir sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada, afectar la privacidad y generar respuestas falsas con apariencia convincente. Incluso una base aparentemente anónima puede permitir reconstruir la identidad de una persona si se cruzan suficientes datos. En la Justicia, un error algorítmico no es solo un problema técnico: puede afectar derechos, garantías y confianza pública.
En Argentina, esta discusión adquiere mayor relevancia. La incorporación de IA se da en un sistema que ya presenta debilidades en trazabilidad de información, interoperabilidad y confianza pública. En ese contexto, incorporar tecnología sin fortalecer capacidades institucionales puede volver más opacos problemas que ya existen.
La velocidad puede ser una ventaja, pero en la Justicia una decisión más rápida no siempre es una mejor decisión.
Por eso, el desafío no pasa por adoptar IA a cualquier costo ni por rechazarla automáticamente. Consiste en construir una agenda responsable: preservar el control humano sobre lasIA decisiones, establecer reglas claras de transparencia, proteger datos personales y sensibles, y avanzar de manera gradual, con supervisión continua.
Un Estado inteligente no es el que suma tecnología por moda. Es el que logra utilizarla para mejorar servicios, ampliar derechos y fortalecer la confianza pública. Porque la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a entrar a la Justicia, sino bajo qué reglas, con qué controles y al servicio de la ciudadanía.