Tras el análisis de la tasa de justicia, este documento justifica su existencia para evitar que los costos de los procesos judiciales sean soportados siempre por toda la sociedad. A su vez, establece que la regulación legal de la tasa debe ajustarse para garantizar que el monto pagado sea fijado de acuerdo al costo del procedimiento judicial, y que la determinación del monto debe ajustarse a la riqueza de la persona que abona la tasa.