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Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

Publicado en abril del 2020

La irrupción del COVID-19 reveló las desigualdades que caracterizan al sistema de protección social en Argentina. Tanto el agente viral como las medidas tomadas para detener su propagación tienen impactos diferenciales entre los distintos grupos de población, según su inserción en el mercado de trabajo y su género. En particular, son las mujeres las que enfrentan mayores desafíos con estas medidas. Esto es así porque se combina la tensión en términos de cuidados no remunerados dentro del hogar (aumentados por la suspensión de las clases) con la necesidad de generar ingresos suficientes para cumplir con los requerimientos de la familia. Los hogares liderados por mujeres se concentran en los estratos de menores ingresos y, en términos laborales, sobre las mujeres inciden más la inactividad, el desempleo y la informalidad. De los casi 15 millones de mujeres entre 15 y 64 años, alrededor de dos tercios se encuentran en el último grupo. Esto las deja en una posición de déficit de protección social.

La emergencia posiciona un aparente trilema entre los y las decisores de política pública. En primer lugar, es necesario maximizar el éxito de la estrategia epidemiológica que requiere de aislamiento y distanciamiento social. En segundo lugar, es preciso minimizar los costos en términos de bienestar de la población, fundamentalmente de la que no está protegida por esquemas de protección social contributivos. Finalmente, es necesario minimizar la probabilidad de consecuencias políticas negativas, sea en la forma de deterioro de las instituciones democráticas o demostraciones masivas y comportamientos irregulares por parte de la sociedad. Esta tensión solo puede ser resuelta a través de la consolidación de pisos de protección social universales, en la forma de inversión en servicios públicos y transferencias de ingresos excepcionales.

La pandemia también dificulta pensar de forma secuencial y ordenada, por el temor de que las respuestas de política lleguen demasiado tarde. En consecuencia, CIPPEC se propone colaborar a través de recomendaciones que consideren una doble temporalidad para la protección de los derechos de las mujeres en mayor grado de vulnerabilidad. En primer lugar, la inmediata, la de la urgencia. En este documento se proponen medidas para contener los efectos sociales negativos durante el período de cuarentena desde una perspectiva de género. En segundo lugar, la temporalidad subsiguiente, cuando se levanten las medidas de aislamiento social y se requiera la reactivación económica. Finalmente, se cierra con comentarios sobre el financiamiento de estas medidas y algunos principios para repensar la forma en que se consolida un sistema de protección social universalista y sensible a la desigualdad de género en el largo plazo a través de un vínculo con el sistema tributario.

Síntesis de las medidas sugeridas

Medidas urgentes para la garantía de los derechos económicos y sociales de las mujeres

Para garantizar ingresos:

Para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos (alimentos, medicamentos, gas, agua, entre otros):

Para garantizar el cuidado:

Escenario pos-ASPO: medidas para aprovechar las oportunidades para mujeres con déficits de protección social

Para las familias con niñas/os y adolescentes que reciben transferencias no contributivas:

Para las/os trabajadores informales (cuentapropistas y asalariados):

Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tres tipos de medidas:

Para consolidar un sistema federal de cuidados:

El financiamiento en el largo plazo: pisos de protección social y sistema tributario

Medidas de apoyo específicas y temporales para las poblaciones más afectadas:

Largo plazo: repensar los sistemas de protección social y tributarios y mutar de una lógica de apoyo a una de estímulo: