La publicación propone que la norma no tenga fecha de vencimiento, cuide los avances logrados en materia de inversión educativa, establezca metas educativas con horizontes temporales e indicadores claros, estipule las responsabilidades de financiamiento de los gobiernos, garantice una distribución de fondos en base a fórmulas objetivas y determine mecanismos de acceso a datos que permitan monitorear su cumplimiento.