En Argentina, la función directiva ha sido cubierta centralmente a través de una modalidad de corte discrecional, netamente política.

Para diciembre del año 2015, el 78% del cuerpo directivo se encontraba designado bajo el formato de “asignación transitoria de funciones superiores”, figura que permite exceptuar los procesos de concurso y los requisitos exigidos por la norma para al acceso a la dirección pública.